¿CÓMO HACER PARA QUE LOS ROSTROS VUELVAN A APARECER?
a Enrique Schmukler
sacar
a los pueblos de los álbumes policiales
y
que vuelvan a ser millones de álbumes familiares
quien
fabrica su propia imagen
desborda
legajos
A
propósito de la nota que escribí hoy en Página/12, jueves, 12 de diciembre de
2013:
LOS FISCALES Y LOS ÁLBUMES
DE MALVIVIENTES
Hace
pocos días tuve oportunidad de acceder a la denuncia realizada por el diputado
nacional Leonardo Grosso contra un fiscal de la capital, presuntamente
involucrado en prácticas discriminatorias en las investigaciones penales que
lleva en el Barrio Mitre, en especial por la cuestionada utilización de álbumes
de fotos (mal) llamados “libros de malvivientes” contra personas seleccionadas
por el mero hecho de ser pobres y vivir en una zona vulnerable.
Más
precisamente, dice el diputado Grosso: “En su fiscalía tiene un álbum de fotos
de la gente del barrio (muchas de ésas desactualizadas), que cada vez que le
llega un hecho para investigar exhibe a los denunciantes para que identifiquen
a un autor del hecho del que fueron víctimas y, si no lo identifican, él o
cualquiera de sus empleados, que tienen la misma forma de trabajar, inducen a
la persona a que marque a alguno. Con esa indicación, que en general es
manipulada por el fiscal José María Campagnoli, y sin realizar ninguna
investigación ni la mínima constatación de los hechos o de la responsabilidad
de la persona, vienen y allanan las casas”.
El
uso de fotografías nos remite a los orígenes de la policía, siendo casi tan
antiguo como la cámara oscura. Podríamos decir que el lombrosianismo autóctono
tiene su genealogía desde la galería de delincuentes (léase, de inmigrantes) de
la capital elaborado por Fray Mocho a fines del siglo XIX, pasando por las
fichas de las personas (militantes sociales) consideradas como “subversivas”
por parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, muchas de las cuales hoy
están desaparecidas (el Decreto Nº 1019 dictado por Onganía en 1967 ordenó la
creación de los álbumes). Y en la actualidad, por las fuerzas de seguridad que
obtienen todo tipo de imágenes (de manera ilegal) de personas pertenecientes a
los sectores vulnerables que viven en determinada zona y sólo por esa razón
pasan a ser portadoras de sospecha; es decir, sus rostros conforman un libro de
fotos de posibles peligrosos que se correspondería con poblaciones marginales
(no es necesario que sean reincidentes, en los allanamientos, detenciones por
averiguación de identidad, la policía obtiene fotos).
Los
álbumes de fotos de presuntos peligrosos, además de violar derechos
constitucionales e introducir un criterio de selectividad discriminatorio,
resultan una herramienta de baja calidad probatoria, pues el margen de error
que generan es muy amplio y más que un modo orientativo se convierte en un
sesgo o placebo para las víctimas. Lo que quiero decir es que hay fiscales que
compran este tipo de recetas policiales, dejando la puerta abierta para el
“armado de las causas” a personas inocentes, sólo porque figuran en estos
álbumes de fotos.
Claro
que para algunos, en la guerra contra el delito todo vale, y los álbumes de
fotos con personas pobres dan imagen de “efectividad” a las autoridades y a la
población; permitiendo a la policía seguir reproduciendo consumo de estereotipo
e introducir en los expedientes recorridos que siempre llevan a los mismos
lugares, donde opera el derecho penal subterráneo cargado de los peores
prejuicios sociales (nunca un ladrón de guante blanco, nunca un blanco, nunca
un rubio).
Esta
cuestión no es reciente y como defensor público me ha tocado denunciar este
tipo de prácticas en muchísimas oportunidades (incluyendo a fiscales);
especialmente sobre personas menores de edad, logrando que en la provincia de
Buenos Aires queden taxativamente prohibidas desde 2011. También he asistido a
situaciones en las que se involucra a personas inocentes al serles exhibidas
fotos a las víctimas que más tarde en el juicio (luego de una larga prisión
para el señalado en la foto) la propia víctima entra en duda y se llega a la
absolución. El caso más impactante que me tocó asistir fue el de Gabriel Roser,
un pibe que vivía en los márgenes de La Plata y que estuvo un año preso como
consecuencia del señalamiento en una foto, hasta que con ayuda del Colectivo de
Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) se demostró en el juicio que era
inocente y que la foto fue la única culpable.
El
margen de error al exhibir fotos de poblaciones reducidas y por criterio
clasista es muy amplio, la práctica tiene capacidad de sesgo y se presta al
armado de causas a inocentes, por lo que también sirve como forma de chantaje
policial (“si no robás para mí vas a estar en el álbum”). Por eso las técnicas
de identikit hablado, o el dibujo de rostro (técnica de Bertillón) son las más
confiables cuando existen “autores ignorados” de un delito. Echar mano a
álbumes de fotos extraídas en forma espuria a los pobres es una mala práctica
que habla de una fuerza policial desprofesionalizada y de fiscales prestos a
avalar el clasismo y la demagogia.
Como
dijo alguna vez Michel Foucault, “el saber es poder” y, aunque pasado de moda,
Lombroso sigue teniendo arraigo en muchos imaginarios de saber-poder
discriminatorios. En la era tecnológica y de Facebook, en la que los rostros
quedan encriptados como si nada, la Justicia no debería permitir el “todo
vale”, ni frente a las víctimas ni frente a los victimarios. Fiscales que
avalan este tipo de prácticas contra los sectores populares no sólo especulan y
delegan, sino que siguen aferrados a lo peor del pasado. Mejor que se vayan.
Julián Axat es Defensor juvenil de La Plata. Poeta.
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